La salud, un derecho fundamental del ser humano convertido en un servicio del poder fáctico.

Mirando en retrospectiva, hace casi 50 años, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso a los miembros participantes y la humanidad en general; el goce máximo de atención, servicios, suministros, etc; aspectos vinculados a la salud, siendo este un derecho fundamental. Sin embargo, cada vez nos vemos más alejados de este anhelado objetivo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Examinemos un poco.

El mundo globalizado en que actualmente vivimos, esta vivenciado grandes cambios desde mediados del siglo pasado. Tenemos un mundo más sofisticado de avances tecnológicos, crecimiento industrial, luchas por los derechos humanos, empoderamiento dentro las políticas sociales y salud pública, nuevos horizontes en interacción cultural, nuevas propuestas dentro de las relaciones internacionales, la economía, el comercio, etc. Todo al alcance de nuestras manos. Pareciera vislumbrarse un mundo de posibilidades y deseos cumplidos; quizás en esto pensaba Marshall Mcluhan, cuando denominó “Aldea Global” al mundo que conocemos. Sin embargo, estos cambios, no sólo han facilitado la vida a muchas personas, sino contra todo pronóstico de bienestar general, estas posibilidades han otorgado también, una enorme apertura de los intereses económicos por parte de los poderes facticos y las políticas comerciales, las cuales están orientadas a aspectos de crecimiento, más no, de desarrollo. En este sentido estas actividades sistemáticamente están reduciendo las posibilidades de “vida digna” para las poblaciones vulnerables, las cuales están siendo más vulneradas.

En esta visión del mundo se han establecido sistemas de salud, a escala mundial que se caracterizan por la privatización de los servicios de sanidad, la desregulación del mercado farmacéutico, la migración de especialistas en el campo de salud, de sus países a países que les den posibilidades de desarrollo, y no menos importante el aumento de la competencia a nivel internacional por parte de diversas empresas monopolistas en medicamentos y servicios sanitarios.

Volviendo a las recomendaciones de la OMS de 1970, el derecho a la salud para todas las personas, significaría tener acceso a los servicios de salud que se necesita, cuando y donde se requiera, sin tener que afrontar dificultades financieras.

Del mismo modo, no deberíamos dejar de ser atendidos/as en la enfermedad o morir por no poder acceder a los servicios necesarios. Y refiriéndome a esto, me dirijo a todo lo que se refiere a mantener una vida saludable como derecho fundamental, concretamente sobre el acceso a agua potable y saneamiento, a alimentos nutritivos, a una vivienda digna, a la educación y a condiciones de trabajo seguras, por poner ejemplos de lo básico.

Tenemos que tener en cuenta, que cuando mencionamos, atención sanitaria, no quisiéramos referirnos a una atención asistencialista e impositiva donde se vulnere el derecho de la intimidad, dignidad y respeto a las personas en cuanto a sus decisiones sobre su cuerpo y salud. Ni mucho menos, ser sometido a experimentación médica, a exámenes médicos contra su voluntad o a tratamiento sin consentimiento informado. Sino que estos mismos servicios sean dirigidos a orientar e informar a las personas en cuando a sus posibilidades y necesidades requeridas para la protección integral de su persona y su salud, poniendo como ejemplo, tener derecho al acceso de información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, sin ser objeto de violencia, marginación, discriminación y estigma. La discriminación en el contexto de la atención de salud es inaceptable y constituye un obstáculo importante para el desarrollo.

Es importante, que en todos los gobiernos de los diferentes países comiencen a concretarse tratados o convenios junto a la sociedad civil e instituciones, para hacer posible este objetivo tan anhelado por la humanidad, donde se respeten y protejan los derechos humanos relacionados con la salud y el bienestar –en su legislación y en sus políticas y programas sanitarios–. Todos/as trabajando unidos y coordinados en combatir las desigualdades y las prácticas discriminatorias, de forma que las personas en general puedan disfrutar de las ventajas de una buena atención en salud en términos generales, sea cual sea su edad, sexo, etnia, identidad de género, religión, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, o estatus migratorio.

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